Europa y el resto del mundo ve el malestar de sus ciudadanos recorrer las calles. Son personas descontentas ante el desmantelamiento de nuestros ya débiles estados de bienestar.

Nos encontramos ante unos recortes que distan mucho de ser decisiones económicas, como nos anuncian. En realidad son decisiones políticas que se escudan en la crisis económica para acometer una intolerable destrucción del sistema público de bienestar social. Pretenden reducirlo a un sistema asistencial y marginal, pensado para los que no se puedan costear unos servicios mejores en el sector privado. Pero el sistema público de bienestar debe ser diferente: debe ser un sistema de calidad financiado por todos y que ofrezca una calidad suficiente para poder ser disfrutado por todos .

Las mutuas y las instituciones educativas y sanitarias privadas se frotan las manos viendo a usuarios tradicionales del sistema público demandar sus servicios, y pagarlos, por supuesto. Pero no queda otro remedio ya que tanto en las escuelas como en hospitales y otros centros sanitarios públicos cada vez hay menos personal. Los profesionales más cualificados son empujados a abandonar el sistema público a base de recortes salariales a los funcionarios y de imposición de condiciones poco razonables como la ampliación de horarios, o multiplicación de funciones ante la evidente falta de personal.

En 2010 el estado español adquirió el compromiso de ahorrar 15.000 millones de euros con el objetivo de reducir el déficit existente en las cuentas públicas. El reparto de este sustancioso recorte se repartió en 5.000 millones durante el año 2010 y 10.000 millones más en 2011.

Durante el año 2012 el recién estrenado gobierno del Partido Popular acumula recorte tras recorte y asume a comienzos de abril un ajuste suplementario impuesto desde la Unión Europea. En concreto se anuncia un recorte de 10.000 millones de euros más en educación y sanidad, contraviniendo por tercera vez una promesa electoral (no subir los impuestos, no abaratar el despido y no recortar el presupuesto de sanidad y educación).

Según España Laica el estado se gasta alrededor de 10.000 millones de euros anuales en financiación directa o indirecta de la iglesia.

No toda esta cantidad sería directamente recortable ya que una parte sustancial financia actividades relacionadas con conciertos en Sanidad y Educación. En caso de no financiar el sistema privado dirigido por congregaciones religiosas, sería necesario prestar el servicio financiando organizaciones laicas, o bien prestándola directamente desde el sector público, de modo que el ahorro en este capítulo podría ser mínimo.

Si sería, sin embargo, asumible directamente un recorte de gastos a través de la eliminación de la asignación en el IRPF, a la asignación a “otros fines” que financian proyectos de instituciones religiosas, el mantenimiento de los funcionarios públicos que realizan actividades religiosas (capellanes en cárceles y cuarteles) y profesores de religión que deben ser financiados por el erario público, además de las subvenciones a eventos locales (como procesiones y otras fiestas religiosas) o el mantenimiento de monumentos que son y serán de propiedad y uso privado.

También se podría recortar con suma facilidad la financiación de eventos “especiales” como los aproximadamente 60 millones de euros que le supuso al erario público las Jornadas de la Juventud que se celebraron en el verano de 2011 en Madrid.

Para finalizar también sería buen momento para finalizar la exención fiscal que goza la Iglesia. Si las entidades religiosas pagaran el IBI que les corresponde como a cualquier entidad privada, así como otros impuestos autonómicos y locales de los que están exentos el estado ingresaría aproximadamente unos 1.000 millones anuales que, en la actualidad, las arcas públicas dejan de recaudar.

¿Quién ha hecho voto de pobreza?

Por todo ello, y ante la urgente necesidad que nos transmiten por reducir el déficit, conviene recortar lo superfluo o innecesario y no lo básico. No sufraguemos procesiones mientras no tengamos dinero para mantener médicos, no perdonemos el IBI y otros impuestos a las instituciones religiosas mientras es imposible contratar los profesores que nuestras escuelas y universidades necesitan.

Pongamos como objetivo fijar el 0% del PIB como tope de subvención, directa o indirecta, a las órdenes religiosas.

Parece evidente que nuestros gobernantes están desbordados por las presiones de los llamados “mercados” y se ven en la tesitura de tomar decisiones que minan el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento económico. Los dos partidos con opciones de ganar las elecciones agachan la cerviz ante el poder financiero de la banca y lastran nuestro futuro. Es el momento de que la sociedad civil manifieste su opinión y dificulte a los gobernantes llevar a cabo esta política regresiva.

No rebajemos nuestro bienestar mientras le regalamos cada año millones de euros a la iglesia: 0% del PIB a la Iglesia.

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